Llevamos ya una buena temporada que está en el candelero el tema de la renovación de "unos cuantos" órganos de dirección de lo que llaman (para que algunos no lo entiendan del todo) "la judicatura"……… "o sea" los jueces. En concreto son "cinco", con la importancia de que entre ellos están el "Tribunal Constitucional", el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) o el Tribunal de Cuentas. Están bloqueadas sus renovaciones, porque de hacerlo el P.P. (Partido Popular), perdería el control que hasta ahora tiene en ellos con jueces conservadores próximos a sus postulados. A ello se suma que estos jueces a su vez también se resisten a dejar sus rancias posaderas en tan acolchadas poltronas, que les sirven para disfrutar buenos sueldos y lo mas de lo mas, intervenir en decisiones y sentencias de lo mas opacas y tenebrosas………. siempre a favor de los de siempre.
También resulta que los defensores a capa y espada la independencia de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; "o sea" los jueces, que exigen con vehemencia no se meta nadie en sus cosas; piden intervenir previamente en la elaboración de las leyes que vota el Parlamento, "o sea", influir en el
poder Legislativo. También nos trasladan sentirse presionados, pero ellos mismos anuncian presionar al "Ejecutivo" (gobierno), así como al "Ejecutivo Europeo" (gobierno de Europa) para conseguir sus oníricos propósitos. Algunos de los que formaron este cabildeo, lobby, secta o cúpula de poder, hoy forman parte de gobiernos. Es el caso, por poner un ejemplo, del ínclito, beodo, cacabelense "de pro" y PePero avezado, Enrique López López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, así como mano "derecha" de la inefable presidenta madrileña I.D.A. -Isabel Díaz Ayuso- ("o sea" nuestra "Trump" de andar por casa").Viene a cuento esta entradilla por el artículo que a continuación transcribo y que no hace mucho (el día 11 de enero de este año que ahora empezamos) ha publicado Diario16 y firmado por José Antonio Gómez, información de la que yo sepa no se ha hecho eco ninguno de los medios visuales de comunicación, "o sea" las televisiones.
Magistrados del Supremo que aprobaron la Doctrina Botín fueron presuntamente víctimas de chantaje
Así consta en
la denuncia presentada por la asociación ACODAP contra cuatro magistrados
respecto a una serie de hechos relacionados con una querella presentada contra
un fiscal que, supuestamente y según la documentación aportada, fue quien
presuntamente chantajeó a estos magistrados
Documentación a la que ha tenido acceso Diario16 y que se adjunta a una denuncia presentada por la asociación contra la corrupción ACODAP, revelaría una trama de presuntos chantajes y sobornos a cuatro magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la actualidad jubilados. Dichos documentos manuscritos mostrarían cómo, supuestamente, a estos jueces se les habría condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra un fiscal quien, en base a la documentación, sería la persona que presuntamente chantajeó a los magistrados a través de supuestas actividades de sus esposas.
Los hechos
sucedieron en el año 2006, según manifiestan los documentos. Un año después,
tres de estos cuatro magistrados intervinieron un año después en la Sala que
tenía que resolver la Doctrina
Botín y votaron a favor de
exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al entonces presidente de Banco
Santander, Emilio Botín, respecto al caso de las Cesiones de Crédito.
Según los
documentos manuscritos incorporados en la denuncia de ACODAP, los
magistrados Joaquín Giménez García,
Carlos Granados Pérez, Antonio Ramos Gancedo y José Ramón Soriano Soriano se les
indicó lo siguiente para que apoyaran al fiscal en una querella presentada
contra él.
A Joaquín Giménez: «Tú me das tu apoyo y
yo no divulgo la procedencia del
dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el
4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por
el autor de una estafa, en la
que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna
parte».
A Carlos Granados: «Tú me das tu apoyo y
yo no divulgo la titularidad de tu
esposa sobre un depósito de 1.000.000 € que Emilio Botín le abrió en Suiza el
pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia».
A Diego Antonio Ramos Gancedo: «Tú me das
tu apoyo y yo no divulgo cómo te
hiciste con tu casa de Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades
interpuestas, del narco Fajardo, al que tú dejaste en libertad y se dio a la
fuga».
A José Ramón Soriano: «Tú me das tu apoyo
y yo no divulgo el depósito de
600.000.-€ abierto en el Santander en mayo de 2003, a nombre de una sociedad
administrada por tu esposa, justo 2 días antes de que dictaras una sentencia
absolutoria de un conocido narcotraficante gallego. Si tenemos en cuenta
que la profesión de tu esposa es sus labores, el citado depósito es harto
sospechoso, ¿no lo crees así también?».
Estas cartas estarían mostrando, además del presunto chantaje por parte del fiscal que se quería proteger de una querella, algunos supuestos manejos internos de determinados miembros de la Administración de Justicia que mostrarían la presunta corrupción judicial existente en España y que, tal y como hemos publicado en Diario16, ha provocado la presentación ante la Justicia Europea de denuncias por parte de cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados por las decisiones favorables a determinadas élites por una parte de la judicatura.
La gravedad de
las acusaciones de la denuncia de ACODAP obligan al fiscal y a los magistrados
ya jubilados a, en el caso de no ser ciertos los hechos denunciados, hacer un
comunicado público o convocar una rueda de prensa para exponer su versión de
los hechos denunciados o para desmentirlos.
Las Cesiones de Crédito y la Doctrina Botín
Tal y como indicamos anteriormente, estos cuatro magistrados votaron a favor de la exoneración de Emilio Botín y de la implantación de la Doctrina Botín, uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de España. No hay más que recordar cómo, durante la declaración del entonces presidente del Santander, un furgón blindado, que cargaba en su interior 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), daba vueltas por los alrededores de la Audiencia Nacional en espera de que el juez Moreiras le impusiera una fianza para no entrar en prisión calculada en esa cifra.
Entre 1987 y
1991 el Santander captó 430.000
millones de pesetas (2.584,35 millones de euros) a través de las cesiones de crédito, un producto que
ofreció la posibilidad de eludir el
pago a Hacienda del 25% del capital
invertido. La entidad cántabra colaboró con el fisco, pero quedó sin
resolver un asunto: un importante
número de suscriptores tenían identidad falsa. Por tanto, el Santander
había incurrido en un presunto delito de falsedad documental y colaboración necesaria para el fraude.
El fiscal Jesús
Santos, junto a varios peritos fiscales, elaboró un informe demoledor que demostraba, precisamente, que el Santander había ocultado la titularidad
de algunos suscriptores con nombres falsos o con identidades de personas
fallecidas. Por ello, en contra del criterio de la Fiscalía, propuso la
imputación de Emilio Botín, Rodrigo Echenique y del resto del Comité Ejecutivo
del banco. Tal fue la presión que debió asumir Santos que dejó el caso para que
continuara con su labor Eduardo
Fungairiño que apenas tardó
un par de meses en retirar la acusación en contra del criterio de la jueza
instructora: Teresa Palacios. A principios de 2001 Fungairiño volvió a
la carga y volvió a pedir el archivo de la causa. Finalmente, en diciembre de
2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se hallaban los
cuatro magistrados citados, determinó que un procedimiento penal no podía continuar si quien sostenía la
acusación era, en exclusiva, la acusación popular y no la Fiscalía, creando,
de este modo, la Doctrina Botín.
Todo esto, que sería un escándalo en cualquier país "normal" de la Europa a la que pertenecemos", aquí ya casi hasta se considera "normal", toda vez que son jueces, "o sea" personas ideológicamente conservadoras, adscripción por la que posiblemente sean ascendidos en la carrera judicial no tardando, por parte de sus compañeros miembros del CGPJ - Consejo General del Poder Judicial…………….. "o sea", estar al tanto.
P.d… Paloma O'Shea,
es hoy una mujer de 84 años, madre de Ana
Patricia Botín y esposa (que no conviviente) del fallecido presidente de la
entidad Banco de Santander, Emilio Botín.
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